La nueva ley exige la contratación de seguros colectivos que cubran daños en todos los espacios comunes, de acuerdo al Ministerio de la Vivienda y al texto de la ley.
Y añade que el costo debe dividirse entre todos los integrantes de la comunidad.
Esta normativa ya está vigente, y viene a clarificar que las pólizas asociadas a créditos hipotecarios de departamentos individuales dejan de eximir este pago.
Todos deben pagarlo
Este seguro cubrirá cualquier daño en espacios comunes, como desperfecto en un ascensor, incendio o rotura de cañerías.
Es decir, todo lo que se denomina espacios comunes, que va desde las bases del inmueble hasta la azotea.
Por ello todos los copropietarios deben pagarlo. El administrador de la comunidad contratará un seguro para todas las áreas comunes (obligatorio), y un seguro contra incendios que incluirá a todas las unidades, al cual se puede renunciar.
Así que en caso de poseer un seguro individual y para no pagar doble, el propietario debe eliminar el pago que corresponde a su porción de áreas comunes y hacerse cargo de su parte dentro del seguro adquirido por la comunidad.
Cómo opera el prorrateo
El prorrateo o alícuota está establecida en el reglamento de cada comunidad y se calcula en base a los metros cuadrados de cada unidad dividida entre el total de metros cuadrados de todas las unidades.
Si un edificio posee 10 departamentos que suman un total de mil metros cuadrados, corresponde a cada unidad el pago del 10%.
Tomando en cuenta que el costo de la prima mensual del seguro sea de 50 mil pesos, cada unidad pagará al mes 5 mil pesos.
Plazos para ajustar las pólizas
La contratación, renovación y término del seguro contra incendios se realizará de acuerdo a lo fijado por el reglamento de la ley, que será publicado durante el primer semestre de este año.
Esta normativa también establece un plazo de 6 meses desde la publicación del reglamento de la ley para exigir la contratación del seguro a las comunidades que no cuenten con uno, y 2 años para que las comunidades ajusten sus pólizas a la nueva ley.
Serán las municipalidades las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de la normativa.
